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| Alicia Sánchez llegando a la HC de Diputados de la provincia de Buenos Aires. |
Fotos: gentileza de los compañeros que las subieron a la red.
El 18 de octubre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Acceso Justo al Hábitat ante la presencia en los palcos de gran cantidad de vecinos y organizaciones sociales que desbordaron el recinto de sesiones y celebraron la iniciativa.
El 18 de octubre la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Acceso Justo al Hábitat ante la presencia en los palcos de gran cantidad de vecinos y organizaciones sociales que desbordaron el recinto de sesiones y celebraron la iniciativa.
El proyecto fue ideado
por la diputada Alicia Sánchez, Alberto España (FPV) y Marcelo Saín, de Nuevo
Encuentro.
Entre los aspectos principales, la ley promueve la
generación y facilita la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones
sociales y de procesos de regularización de barrios informales; el abordaje
integral de la diversidad y complejidad de la demanda de viviendas; y la
búsqueda de nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo
tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.
Se busca que los grandes desarrollos inmobiliarios que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados, cedan el 10 por ciento de la superficie total de los predios o su equivalente en efectivo para destinarlos a programas sociales de viviendas. Countries, clubes de campo, cementerios privados o emprendimientos comerciales, serán los alcanzados por la ley.
Se busca que los grandes desarrollos inmobiliarios que ocupen predios de más de cinco mil metros cuadrados, cedan el 10 por ciento de la superficie total de los predios o su equivalente en efectivo para destinarlos a programas sociales de viviendas. Countries, clubes de campo, cementerios privados o emprendimientos comerciales, serán los alcanzados por la ley.
Pero también deberán
contribuir a este desarrollo propietarios de inmuebles particulares que se vean
beneficiados con mejoras urbanas o pidan permisos de ampliación de sus
propiedades.
Como declaró Alicia Sánchez, el móvil de la
propuesta es "el déficit habitacional increíble que tiene la
Provincia" y, en base a ello, la búsqueda de garantizar el derecho a la
vivienda para todos: "No estamos en contra de los barrios cerrados,
queremos tener más equidad con los sectores populares". "Todos
los loteos abiertos que se realizan tienen que ceder al Estado entre el 34 y el
35 por ciento para la apertura de calles. Los barrios cerrados usufructúan de
los servicios del Estado como rutas y asfaltos y no devuelven nada al Estado.
Acá se les está pidiendo el 10 por ciento de toda la tierra y estamos hablando
de grandes emprendimientos inmobiliarios, de 5.000 metros en adelante",
detalló sobre su iniciativa. "Es una devolución que se le hace al Estado
para invertir a su vez en viviendas populares y en el mejoramiento urbano. Son
barrios que no tienen apertura de calles", amplió la dirigente de La
Matanza. Sánchez indicó que en la provincia de Buenos Aires hay 15 millones de
habitantes y calculó que existe "un déficit de casi 2 millones de
viviendas". La diputada provincial remarcó que su proyecto no plantea la
"donación" y lamentó que se utiliza ese término para "crear un
mal humor con las clases medias altas, y eso es lo que no queremos porque todos
nos necesitamos". "Tenemos mil asentamientos y villas. En La Matanza
tenemos Puerta de Hierro, que son tipo cajas de zapato donde viven familias,
generación tras generación desde la década del '70. Están en muy malas
condiciones, se vive mal, no tienen servicios, no tienen calidad de vida",
describió como ejemplo.
“Estamos dotando de una herramienta jurídica e
instrumental fundamental al gobierno provincial y a los intendentes para
transformar la calidad de vida de nuestros vecinos”, resumió el diputado
Alberto España, quien destacó la amplia participación que existió en la
elaboración del proyecto por parte de los legisladores tanto del oficialismo
como de la oposición, las organizaciones no gubernamentales, de los obispos, y
hasta de los desarrolladores inmobiliarios.
En conjunto
con la Ley de Acceso Justo al Hábitat fue aprobada la iniciativa por la que se
pide la eximición de todos los tributos aplicables para remover las vallas
impositivas que convierten en costoso para el Estado nacional y los
beneficiarios el alcance del Programa Crédito Argentino del Bicentenario
(Pro.Cre.Ar) para el acceso a la vivienda única familiar.
Afuera
de la Legislatura se colocó una pantalla para seguir el debate, una radio
abierta y confluyeron organizaciones sociales que luchan por el acceso a la
tierra y la vivienda, como la FTV y el MILES.
